Ante la ya desatada 'guerra sucia' entre partidos políticos, comienzan a circular versiones de que el presidente Felipe Calderón está detrás del impulso a la judicialización de los comicios y eventualmente podría maniobrar para que la elección presidencial de julio próximo fuese anulada, en caso de que el resultado no fuera favorable a los intereses de Los Pinos.
El objetivo central de Calderón y su primer círculo es evitar a toda costa el regreso del PRI a Los Pinos, por lo que según las mencionadas versiones, se ha elaborado un plan A y uno B en torno a los resultados de los comicios.
De algún modo se replicaría, aunque en otro sentido, lo ejecutado en la elección interna del PAN, donde resultó triunfadora Josefina Vázquez Mota, quien era vista como el plan B de Calderón en caso de que no prosperara, como ocurrió, el plan A, que representaba su 'delfín', Ernesto Cordero.
La guerra contra el PRI y su candidato presidencial, Enrique Peña Nieto, es abierta y así lo corroboró la propia Vázquez Mota, quien en su discurso como triunfadora de la elección panista ni siquiera mencionó al aspirante de la izquierda, Andrés Manuel López Obrador, y subrayó que el adversario a vencer es el exgobernador del Estado de México.
Pero los choques entre el PRI y el gobierno se han vuelto candentes e involucran de manera directa a Calderón, a quien los líderes del tricolor señalan como el responsable de una 'guerra sucia' en la que utiliza 'filtraciones' de presuntas indagatorias criminales contra algunos exgobernadores y militantes del tricolor.
El líder nacional del PRI, Pedro Joaquín Coldwell, acusó públicamente al gobierno de Calderón de ordenar la destitución del titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República, para colocar en su lugar a una funcionaria a modo para que continuara la 'guerra sucia' contra integrantes del tricolor.
En círculos políticos se comentó que la destitución del titular de la Fepade, Luis Vargas Valdez, tuvo como origen el hecho de que este funcionario se habría negado a secundar filtraciones provenientes de Estados Unidos y avaladas por el PAN y el mismo presidente Calderón, en el sentido de que el proceso electoral de Michoacán, en que resultó triunfador el PRI, había estado muy influido por el poder y el dinero del narcotráfico.
Calderón, cuya hermana María Luisa, mejor conocida como la Cocoa fue derrotada en la contienda por la gubernatura por el priista Fausto Vallejo, dijo públicamente que había pruebas fehacientes de la intervención del narco y mencionó un desplegado publicado en un periódico local y sostuvo que decenas de aspirantes a las alcaldías en Michoacán habían sido bajados ante las presiones de los grupos criminales, señaladamente la llamada 'Familia'.
Michoacán, un laboratorio
Las versiones no comprobadas oficialmente de la injerencia del narcotráfico en Michoacán surgieron tiempo antes de la elección, e incluso se habló de la conveniencia de que ésta no se celebrara dada la situación de incertidumbre e inseguridad en la entidad, de la cual es nativo el presidente Calderón.
Sin embargo, los priistas y el gobierno perredista encabezado por Leonel Godoy se negaron a suspender o aplazar la elección y entonces surgió la candidatura a gobernadora de la hermana de Calderón, la Cocoa, quien durante su campaña se dijo segura ganadora e incluso el mismo día de la elección proclamó su triunfo con apoyo de encuestas de salida organizadas por empresas contratadas ex profeso.
Finalmente ni las denuncias de la propia Cocoa ni los dichos de Calderón acerca de la intromisión del narcotráfico en el proceso electoral prosperaron y el priista Fausto Vallejo fue proclamado ganador de la contienda por la gubernatura.
Empero, el triunfo para el PRI no fue completo pues los árbitros electorales, entre ellos el IFE, encontraron fallas que luego reconocieron absurdas y decidieron anular la elección por la alcaldía de Morelia, que también fue ganada por el tricolor.
El no avalar una argumentación similar a la que llevó a la anulación de la competencia por la alcaldía de Morelia en el caso de la gubernatura, parece ser la gota que derramó el vaso y llevó a la destitución del extitular de la Fepade, Luis Vargas Valdez.
Previamente a esa destitución, ordenada formalmente por la titular de la PGR, Marisela Morales, esa misma dependencia, de acuerdo con versiones de priistas, había 'filtrado' la versión de una 'alerta migratoria' en contra de tres exgobernadores priistas del estado de Tamaulipas.
La propia PGR tuvo que desmentir la existencia de dicha alerta, que supuestamente implicaba vigilar y eventualmente impedir los viajes al extranjero de los exgobernadores Manuel Cavazos Lerma, Tomás Yarrington y Eugenio Hernández Flores.
De acuerdo con las 'filtraciones' atribuidas al gobierno, el principal implicado es Tomás Yarrington, quien presuntamente habría recibido dinero de los zetas y al igual que Cavazos y Hernández Flores pactado con los grupos criminales tamaulipecos y otros que operan en el norte del país.
Estas versiones fueron atribuidas a investigaciones de la Drug Enforcement Administration (DEA), pero no han sido corroboradas y en un mensaje en twitter Yarrington escribió que se encuentra en Estados Unidos y que si hubiese algo contra él, ya lo hubiesen detenido.
Los priistas consideran que la 'guerra sucia' impulsada por Calderón tiene como objetivos, en primer término, vincular al PRI y sus gobiernos con grupos del narcotráfico, y en segundo lugar, como ocurrió en Michoacán, tratar de anular la elección presidencial si no resulta favorable al representante de Los Pinos, en este caso, la precandidata Josefina Vázquez Mota.
El PAN y el gobierno niegan rotundamente estas elucubraciones y sostienen que los priistas inventan historias y están temerosos porque tienen mucha cola que les pisen.
